España
moderna.
Ver las noticias en la
tele o escuchar la radio pone los pelos de punta: cada día, cada
hora, se suceden noticias decepcionantes; la siguiente más que la
anterior.
Pareciera
que lo verdaderamente importante es lo que ocurre en cada momento, y
que lo anterior pierde importancia, en tanto deja de ser titular. Y
en ese perpetuo ejercicio de desmemoria nos vamos entrenando. Tal vez
eso haya conducido a la lentitud “en las cosas de palacio” (léase
momento final de los procesos judiciales, tan dilatados en el tiempo,
como bien se sabe): cuando se llega a la conclusión del caso, ya no
recordamos cómo comenzó todo.
Y una cosa lleva a la
otra. ¿Cómo hablar en este momento de ordenación del territorio
con al que está cayendo? ¿Quién prestará atención a un discurso
en el que se defienda la necesidad de reformar la ley electoral o la
mismísima Constitución?
No niego que la
opinión pública deba opinar (es su cometido) sobre Bárcenas,
Gurtel, Bankia, los Pujol, Urdangarín…, y el largo etcétera –que
ya es largo– de cada día. Sin embargo, también es innegable la
necesidad de pensar en la urgencia de una regeneración democrática
que cambie la patética imagen de los políticos y defina con
claridad la forma de salir de una crisis que, además de económica y
social, comienza a ser moral, no de la sociedad, sí del panorama
político.
El discurso de UPyD ha
sido coherente desde sus inicios como partido político nacional.
Hemos hablado de la Ley Electoral, de la necesidad de reformar la
Constitución, de reordenar el territorio en busca de una eficiencia
en la administración y, como resultado, una de las vías para salir
de la crisis económica con el ahorro de dinero en el funcionamiento
del sistema.
Puede parecer fuera de
contexto, pues para muchos podría no ser el momento de hablar de
semejantes asuntos, pero es indispensable considerar que España
necesita empezar a ser un país moderno. Si en segmentos como la
medicina (en lo que respecta al trasplante de órganos, por ejemplo)
estamos a la cabeza de Europa, no avanzaremos nada con un discurso
que ya no es creíble ni para quienes lo sostienen: “no hace falta
agrupar municipios, porque no es en los pueblos pequeños donde hay
deudas”; “no se puede prescindir de la labor “humilde y
desinteresada” de los alcaldes que hacen su trabajo sin cobrar un
euro, y lo mismo solucionan un problema de fontanería que un trámite
a un vecino sin moverse de su pueblo.”
Es obvio que no
conviene, ni por asomo, reconocer que la lógica y el sentido común
se impongan.
No estamos en contra
de la existencia de los pueblos; todo lo contrario, defendemos su
identidad. No desconocemos el trabajo de quienes lo hacen sin
percibir remuneración alguna, pues entre ellos también están
concejales de UPyD y hasta una alcaldesa, la única en España de
nuestra formación política. Estamos en contra de los elevados
sueldos, que los hay, de alcaldes que tienen ingresos superiores a
Diputados al Congreso, ministros y hasta el Presidente del gobierno;
de quienes además acaparan responsabilidades (se han contabilizado
hasta 44 cargos concentrados en la misma persona) por las que
perciben retribuciones, léase mancomunidades, asociaciones,
instituciones dependientes de diputaciones provinciales…, y otro
largo etcétera que también ocupan titulares día sí y otro
también.
Es más sencillo
mantener el discurso contrario y hacer creer al vecino de pueblos de
siete, ocho o cincuenta habitantes, que su pueblo va a desaparecer,
que se suprimirán los servicios de los que disfruta y que no tendrá
otro remedio que irse a la ciudad. En una palabra: que se pretende
contribuir a acelerar la despoblación de una comunidad ya de por sí
despoblada, como es Castilla y León.
Pero no estamos
hablando solo de Castilla y León, sino de España. Y a los dos
principales partidos políticos que alternan el poder no les conviene
un cambio de mentalidad de los ciudadanos, pues ello conllevaría a
unas exigencias distintas; lo primero sería, después de una
ordenación territorial como la que propone UPyD, un cambio en las
competencias actuales, mayor capacidad de gestión con la consecuente
mejora de los servicios de que disponen ahora. Una mayor autonomía
significará mayor desarrollo. Hay quienes señalan que el modelo de
ordenación del territorio propuesto por UPyD se ha hecho desde un
despacho, sin consultar a alcaldes, sin escuchar las opiniones de los
ciudadanos. Esta es la clásica afirmación de quienes desconocen
absolutamente un estudio amplio, bien documentado y que ha
considerado sólidas opiniones recogidas a lo largo de más de un año
de trabajo en toda la geografía española.
El ciudadano tendrá
que reflexionar. Y para ello es imprescindible que le llegue la
información con transparencia y objetividad, no distorsionada ni
manipulada por los principales interesados en mantener un estado que,
se ve a las claras, cada vez se sostiene peor.
¿Estará próximo el
momento en que sean los propios ciudadanos quienes pidan conocer las
diferentes propuestas, las más viables, objetivas y racionales, para
convertirnos en un país moderno? En mi opinión, sí.