miércoles, 6 de febrero de 2013

ESPAÑA MODERNA.


España moderna. 
Ver las noticias en la tele o escuchar la radio pone los pelos de punta: cada día, cada hora, se suceden noticias decepcionantes; la siguiente más que la anterior.
Pareciera que lo verdaderamente importante es lo que ocurre en cada momento, y que lo anterior pierde importancia, en tanto deja de ser titular. Y en ese perpetuo ejercicio de desmemoria nos vamos entrenando. Tal vez eso haya conducido a la lentitud “en las cosas de palacio” (léase momento final de los procesos judiciales, tan dilatados en el tiempo, como bien se sabe): cuando se llega a la conclusión del caso, ya no recordamos cómo comenzó todo.
Y una cosa lleva a la otra. ¿Cómo hablar en este momento de ordenación del territorio con al que está cayendo? ¿Quién prestará atención a un discurso en el que se defienda la necesidad de reformar la ley electoral o la mismísima Constitución?
No niego que la opinión pública deba opinar (es su cometido) sobre Bárcenas, Gurtel, Bankia, los Pujol, Urdangarín…, y el largo etcétera –que ya es largo– de cada día. Sin embargo, también es innegable la necesidad de pensar en la urgencia de una regeneración democrática que cambie la patética imagen de los políticos y defina con claridad la forma de salir de una crisis que, además de económica y social, comienza a ser moral, no de la sociedad, sí del panorama político.
El discurso de UPyD ha sido coherente desde sus inicios como partido político nacional. Hemos hablado de la Ley Electoral, de la necesidad de reformar la Constitución, de reordenar el territorio en busca de una eficiencia en la administración y, como resultado, una de las vías para salir de la crisis económica con el ahorro de dinero en el funcionamiento del sistema.
Puede parecer fuera de contexto, pues para muchos podría no ser el momento de hablar de semejantes asuntos, pero es indispensable considerar que España necesita empezar a ser un país moderno. Si en segmentos como la medicina (en lo que respecta al trasplante de órganos, por ejemplo) estamos a la cabeza de Europa, no avanzaremos nada con un discurso que ya no es creíble ni para quienes lo sostienen: “no hace falta agrupar municipios, porque no es en los pueblos pequeños donde hay deudas”; “no se puede prescindir de la labor “humilde y desinteresada” de los alcaldes que hacen su trabajo sin cobrar un euro, y lo mismo solucionan un problema de fontanería que un trámite a un vecino sin moverse de su pueblo.”
Es obvio que no conviene, ni por asomo, reconocer que la lógica y el sentido común se impongan.
No estamos en contra de la existencia de los pueblos; todo lo contrario, defendemos su identidad. No desconocemos el trabajo de quienes lo hacen sin percibir remuneración alguna, pues entre ellos también están concejales de UPyD y hasta una alcaldesa, la única en España de nuestra formación política. Estamos en contra de los elevados sueldos, que los hay, de alcaldes que tienen ingresos superiores a Diputados al Congreso, ministros y hasta el Presidente del gobierno; de quienes además acaparan responsabilidades (se han contabilizado hasta 44 cargos concentrados en la misma persona) por las que perciben retribuciones, léase mancomunidades, asociaciones, instituciones dependientes de diputaciones provinciales…, y otro largo etcétera que también ocupan titulares día sí y otro también.
Es más sencillo mantener el discurso contrario y hacer creer al vecino de pueblos de siete, ocho o cincuenta habitantes, que su pueblo va a desaparecer, que se suprimirán los servicios de los que disfruta y que no tendrá otro remedio que irse a la ciudad. En una palabra: que se pretende contribuir a acelerar la despoblación de una comunidad ya de por sí despoblada, como es Castilla y León.
Pero no estamos hablando solo de Castilla y León, sino de España. Y a los dos principales partidos políticos que alternan el poder no les conviene un cambio de mentalidad de los ciudadanos, pues ello conllevaría a unas exigencias distintas; lo primero sería, después de una ordenación territorial como la que propone UPyD, un cambio en las competencias actuales, mayor capacidad de gestión con la consecuente mejora de los servicios de que disponen ahora. Una mayor autonomía significará mayor desarrollo. Hay quienes señalan que el modelo de ordenación del territorio propuesto por UPyD se ha hecho desde un despacho, sin consultar a alcaldes, sin escuchar las opiniones de los ciudadanos. Esta es la clásica afirmación de quienes desconocen absolutamente un estudio amplio, bien documentado y que ha considerado sólidas opiniones recogidas a lo largo de más de un año de trabajo en toda la geografía española.
El ciudadano tendrá que reflexionar. Y para ello es imprescindible que le llegue la información con transparencia y objetividad, no distorsionada ni manipulada por los principales interesados en mantener un estado que, se ve a las claras, cada vez se sostiene peor.
¿Estará próximo el momento en que sean los propios ciudadanos quienes pidan conocer las diferentes propuestas, las más viables, objetivas y racionales, para convertirnos en un país moderno? En mi opinión, sí.